Charles
Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu escribió “El espíritu de las leyes”, en el
que decía: “En cada Estado existen tres clases de poderes: la potestad
legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de
gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil” (La
separación de poderes, legislativo, ejecutivo, y judicial).
“De
nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la
potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa,
el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido
a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el
juez podría tener la fuerza de un opresor”.
Y cabe preguntarse si algunos expertos supremos han
leído a Montesquieu, porque cuando el poder judicial se mete en temas
económicos, evidentemente podría tener una clara implicación en temas que
afectan al bolsillo del ciudadano, con la fuerza de un opresor que evocaba
Montesquieu.
La
tasa de Actos Jurídicos Documentados (AJD) es un gravamen
que cobra la Administración Pública y que se encargan de recaudar las
Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias de este
tributo. Es decir, los bancos nunca han cobrado este impuesto, que ha ido
directamente a las arcas de las autonomías. La cantidad que pagan los clientes
por este concepto va desde el 0,5% hasta el 1,5% del importe de la hipoteca,
dependiendo de cada región.
Como establece el artículo 68.2 del reglamento sobre
la tasa AJD, de 1995, es el cliente el que paga. En febrero de este año, el
Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Supremo dejó claro que el sujeto
pasivo del AJD era el consumidor. Desde hace 23 años no se había cuestionado
este sistema, hasta que una sentencia del Supremo del 18 de octubre decidió que
tenían que ser los bancos los responsables. En ese fallo se aseguraba que el
único interesado en elevar a escritura pública la hipoteca era el banco, por lo
que él debía pagar el impuesto. Tiene su lógica …
Dado que había varias sentencias anteriores
contradictorias sobre esta cuestión, se convocó el pleno por "la enorme repercusión económica y
social" del fallo, que había afectado en Bolsa a los bancos y retrasaba
la firma de hipotecas, ante la gran incertidumbre creada. El fallo del 18 de
octubre, junto a otras sentencias similares, aunque sentaban doctrina, el
Supremo ha decidido dejar las cosas como estaban, y evitar ese cambio de
jurisprudencia. Los jueces han preferido lo de “virgencita que me quede como estoy”,
transmitiendo una preocupante imagen a la opinión pública.
Sus
razones tendrán … Como dijo Galbraith: “Aunque todo lo demás falle, siempre
podemos asegurarnos la inmortalidad cometiendo algún error espectacular” … Y,
ciertamente ha sido espectacular …
Mark
de Zabaleta
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